Si un político te insulta, será Twitter quien decida si esa ofensa tiene «interés público» y debe seguir visible para el resto de usuarios, pese a que viole sus propios términos de uso. Lo mismo para el discurso del odio o cualquier otro tipo de «comportamiento abusivo» que tenga un representante público en la plataforma.
Twitter informó este jueves de que ha instaurado reglas especiales para los políticos que ostenten un cargo público y tengan una cuenta verificada con más de 100.000 seguidores. A partir de ahora, podrán saltarse las normas de conducta vigentes para el resto de usuarios, ya que la red social considerará sus comentarios «de interés público» y no los borrará, aunque los ocultará bajo un aviso especial.
«Creo que la intención es buena, pero a la hora de curar los comentarios y decidir qué se queda y qué se borra, no pueden ser los trabajadores de Twitter los que valoren el interés público basándose en una norma que se ha inventado el propio Twitter. Es algo totalmente arbitrario y no está basado en derecho», avisa Natalia Martos, jurista especialista en derechos digitales y fundadora del despacho Legal Army.