El Estado americano Florida ha aprobado en la última sesión legislativa cerca de 30 nuevas legislaciones que busca modificar de forma significativa el marco penal y administrativo vigente actualmente. Este paquete indica un movimiento de actualización en distintos ámbitos, como endurecer las sanciones frente a delitos tecnológicos, conductas sexuales ilícitas y amenazas a la seguridad pública.
A seguir destacamos las que tienen impacto más significativo en el ámbito de la tecnología. La HB 437 agrava las penas por manipular dispositivos de monitoreo electrónico. La HB 757 prohíbe imágenes lascivas, pornografía deepfake y pornografía infantil. La HB 1121 modifica las normas sobre los drones, aumentado así las penas para los operadores de dron sobre o cerca de instalaciones que son consideradas de infraestructura crítica,prohibiendo que una persona modifique un dron para frustrar intencionalmente requisitos específicos de identificación y prohibiendo a los ciudadanos poseer u operar un dron que porte un arma de destrucción masiva o un arma de destrucción masiva falsa. La HB 1451 impone un delito grave de tercer grado para los acosadores sexuales cibernéticos. La SB 1168 determina como delito grave colocar dispositivos de rastreo en la propiedad durante delitos peligrosos.
Según declaraciones del abogado penalista David Weinstein, exfiscal federal de Miami,la reforma busca dar un mensaje claro de tolerancia cero frente a conductas de alto impacto social, especialmente en casos de reincidencia. En este sentido,el endurecimiento legislativo responde a una demanda social de mayor seguridad ante el uso indebido de tecnologías que, si bien facilitan la vida cotidiana,también multiplican los riesgos de vulneración de derechos fundamentales.
Este conjunto normativo sigue una tendencia ya existente en muchos países de convergencia entre el derecho penal clásico y el derecho tecnológico, reforzando la necesidad de políticas internas de seguridad y expandiendo la comprensión del delito al ámbito digital. En paralelo, para muchas de las empresas del sector tecnológico, como las propias plataformas digitales, estas medidas suponen una ampliación significativa del ámbito de responsabilidad penal y de cumplimiento normativo.