El pasado 17 de febrero, la Comisión Europea acordó la incoación de un procedimiento formal contra Shein, empresa china minorista de moda rápida y ropa deportiva, en virtud del Reglamento (UE) 2022/2065, conocido como la Digital Services Act (DSA). La apertura del expediente no supone una declaración de incumplimiento, pero activa plenamente las facultades de investigación y ejecución previstas en la normativa europea para las plataformas en línea de gran tamaño.
La apertura del procedimiento no surge de forma aislada. Es el resultado de un proceso previo de supervisión en el que la Comisión analizó los informes de evaluación de riesgos remitidos por Shein, examinó sus respuestas a varias solicitudes formales de información y tuvo en cuenta datos aportados por terceros. En concreto, se remitieron requerimientos formales en junio de 2024, febrero de 2025 y noviembre de 2025 con el fin de recabar información adicional sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en el DSA, especialmente en materia de protección de consumidores y menores y en relación con la transparencia de los sistemas de recomendación.
La DSA configura un marco armonizado de responsabilidad y diligencia para los prestadores de servicios digitales que operan en la Unión Europea, imponiendo obligaciones especialmente duras a aquellas plataformas cuyo alcance y volumen de usuarios pueden generar riesgos sistémicos para el mercado interior. En este contexto, la Comisión ha considerado que existen indicios suficientes para examinar con mayor profundidad el funcionamiento de la plataforma.
Uno de los ejes centrales de la investigación se refiere a los mecanismos implantados para prevenir la comercialización de productos ilegales dentro de la Unión Europea. La DSA obliga a las plataformas a establecer sistemas eficaces de detección y retirada, a reaccionar con diligencia ante notificaciones fundadas y a adoptar medidas proporcionadas para mitigar riesgos sistémicos vinculados a la difusión de bienes contrarios al Derecho de la Unión o a la normativa nacional aplicable. La Comisión evaluará si los procedimientos internos de supervisión, control y reacción de Shein resultan adecuados en atención al volumen y características del mercado digital en el que opera la compañía.
Asimismo, el procedimiento examinará los riesgos asociados al denominado diseño adictivo del servicio. La DSA impone a las plataformas de muy gran tamaño a identificar y mitigar los riesgos sistémicos que puedan afectar, entre otros aspectos, a la protección de los consumidores y al bienestar de los usuarios, con especial atención a los menores. Determinadas funcionalidades que incentivan la interacción continuada (como sistemas de recompensas o dinámicas de gamificación) pueden resultar problemáticas si generan efectos perjudiciales previsibles y no se acompañan de medidas correctoras suficientes. El análisis de la Comisión se centrará, por tanto, en determinar si la empresa ha evaluado correctamente estos riesgos y si ha adoptado mecanismos de mitigación adecuados y proporcionados.
Otro aspecto esencial de la investigación es la transparencia de los sistemas de recomendación utilizados por la plataforma. La DSA establece que las grandes plataformas deben informar de manera clara y accesible sobre los principales parámetros que determinan la priorización de contenidos y productos, así como ofrecer a los usuarios, al menos, una alternativa que no se base en la elaboración de perfiles. La Comisión evaluará no solo la claridad formal de la información facilitada, sino también la efectividad real de las opciones ofrecidas y su accesibilidad práctica.
La incoación del procedimiento faculta a la Comisión para seguir recabando pruebas mediante solicitudes adicionales de información, entrevistas o actuaciones de verificación. En caso de apreciarse riesgos graves, puede incluso adoptar medidas provisionales, y si finalmente constatara un incumplimiento, estaría habilitada para imponer sanciones o aceptar compromisos vinculantes ofrecidos por la empresa para corregir las deficiencias detectadas. La normativa no establece un plazo máximo para la finalización del procedimiento, por lo que su duración dependerá de la complejidad técnica y jurídica del caso y del grado de cooperación de la compañía investigada.
El procedimiento se desarrolla, además, sin perjuicio de otras actuaciones paralelas en materia de protección de los consumidores o seguridad de productos que puedan estar siendo tramitadas por autoridades nacionales o redes de cooperación europeas.
Más allá del caso concreto, la apertura de este expediente confirma la voluntad de la Comisión Europea de aplicar de forma activa la Digital Services Act y de consolidar un estándar elevado de diligencia, transparencia y prevención de riesgos en el entorno digital. El resultado de la investigación contribuirá a perfilar el alcance práctico de las obligaciones impuestas a las grandes plataformas y a definir criterios interpretativos relevantes para el conjunto del mercado interior de la UE.