La empresa Glovo, objeto de múltiples investigaciones y sentencias judiciales que cuestionan la legalidad de su modelo de negocio, días antes de que su Consejero Delegado, Óscar Pierre, compareciese ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, ha anunciado un cambio significativo en su modelo de negocio en España: dejará de contratar a sus repartidores como autónomos y los convertirá en trabajadores asalariados.
Este cambio, que impactará a más de 900 ciudades en España y a unos 15.000 repartidores, supondrá un desafío financiero significativo para Glovo, con un coste estimado de 100 millones de euros en 2025. La empresa justifica esta decisión dentro de su «compromiso con España y el fortalecimiento de la economía digital», en un contexto donde su Consejero Delegado será juzgado por un presunto delito continuado contra los trabajadores.
En paralelo a la conversión de los autónomos a trabajadores asalariados, la empresa ha indicado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para asegurar que el proceso de transición se realice con consenso y garantías. Este foro estará abierto a otros operadores del sector que deseen realizar transiciones similares.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado este cambio como una victoria para la democracia y los derechos laborales en España, al garantizar esta nueva condición que los repartidores tengan los mismos derechos y protecciones que cualquier otro empleado.