Esta semana hemos conocido cómo, a través de los identificadores de publicidad de varias aplicaciones instaladas en los teléfonos móviles de los asaltantes y un listado de datos anónimos, se ha conseguido identificar a varios de los partidarios de Trump.
De un listado de datos proporcionados por una fuente anónima, en el que se incluían alrededor de 100.000 ubicaciones móviles, se ha extraído que unos 130 dispositivos se encontraban dentro del Capitolio en el momento en el que se produjo el asalto. Si bien entre esos datos no había nombres ni números de teléfono, el diario neoyorquino sí encontró un conjunto de identificadores de publicidad que utilizaban las empresas para enviar a los usuarios anuncios personalizados. De este modo, rápidamente pudieron conectar cientos de dispositivos a sus propietarios vinculando las ubicaciones, supuestamente anónimas, con nombres, números de teléfono, fechas de nacimiento, domicilios y redes sociales, entre otros datos.
Además, una filtración de datos de la red social Parler también ayudó a los investigadores a ubicar a los asaltantes en el interior del edificio mediante publicaciones geoetiquetadas con datos de ubicación GPS. Sin embargo, los datos de localización en ocasiones pueden ser imprecisos y la exactitud de los mismos depende de factores como la configuración del teléfono, de si el dispositivo está conectado a una red WiFi o incluso de la densidad de gente que se concentra en una determinada zona. En una situación como la del Capitolio, las ubicaciones exactas son importantes, pues unos pocos metros pueden marcar la diferencia entre un asaltante y un mero espectador.
Sea la ubicación más o menos acertada, la cuestión es que el uso de estos datos es polémico y deja en evidencia la necesidad de una legislación en Estados Unidos lo suficientemente precisa para establecer quién debe tener acceso a ellos con las debidas garantías y que introduzca una mayor transparencia para los usuarios sobre el uso que se hace de sus datos.