La empresa sancionada ha tenido que hacer frente, por este motivo, a una multa de 50.000 euros.
Si bien es cierto que el Estatuto de los Trabajadores permite a los empresarios instalar sistemas de videovigilancia en los centros de trabajo, esto lo hace con la finalidad de controlar que los trabajadores cumplir con sus obligaciones laborales, y siempre de forma que se respete los derechos a la intimidad de estos últimos, así como lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos (en este caso, el Reglamento General de Protección de Datos o “RGPD”, y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales o “LOPDgdd”).
Esta facultad es la que, precisamente, la empresa sancionada alegó en su favor, afirmando que la instalación de las cámaras había sido informada a los empleados, que era necesaria y proporcional para el fin perseguido y para asegurar la protección de los bienes de la empresa. No obstante, lo que la sancionada no tuvo en cuenta fue la normativa de protección de datos aplicable al caso y, en concreto, el artículo 89 de la LOPDgdd.
Este artículo establece expresamente que “En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. Esta prohibición sólo puede sortearse en el caso de que “resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima (…)”.
La AEPD ha considerado, respecto de esto último, que en el caso analizado no se superaba ni el juicio de proporcionalidad, si se había hecho una instalación que sólo grabase las áreas totalmente imprescindibles para asegurar la seguridad de los bienes de la empresa.