La famosa cadena de restauración de origen zaragozano, “La Mafia se sienta a la mesa”, tras 25 años de uso ininterrumpido de su marca en el territorio español, ha recibido una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la cual se declara la nulidad su marca en España.
El motivo alegado por la OEPM, en línea con la decisión que hace ocho años dictó el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) -donde se declaró la invalidez de la marca a nivel europeo-, es que la denominación resulta contraria al orden público y a las buenas costumbres, al proyectar una imagen positiva de una organización criminal.
La solicitud de nulidad, presentada por la República Italiana, sostiene que la marca reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente.
Ante esto, el grupo zaragozano alegó que se trata de una decisión sin precedentes, ya que la marca fue renovada durante décadas por el mismo organismo que recientemente la ha anulado por ser contrario al orden público. Además, la compañía ha defendido en múltiples ocasiones que el nombre procede de un libro de recetas y que su utilización responde a una referencia cultural, no a una exaltación del crimen organizado.
Tras la resolución, la marca “La Mafia se sienta a la mesa” queda anulada en España, lo cual abre la puerta a que la empresa se vea obligada a dejar de utilizar la denominación y acometer un cambio de nombre completo. Sin embargo, aunque la anulación es un precedente significativo para que un tribunal ordene el cese de uso de la misma, cabe decir que no implica de forma directa la prohibición del uso de la denominación en el territorio español. Para que el cese de uso de la marca sea efectivo, es necesario que un juzgado lo declare expresamente, algo que, teniendo en cuenta que ya se estaría preparando un procedimiento judicial con ese objetivo, podría producirse más pronto que tarde.
El caso, resulta muy interesante ya que, a diferencia de los conflictos entre marcas por riesgo de confusión, las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres pueden ser impugnadas en cualquier momento, incluso tras largos periodos de uso pacífico en el mercado.
La compañía zaragozana, que estudia interponer un recurso de alzada contra la resolución de la OEPM, prepara ya un posible cambio de nombre, ante la dificultad de que la autoridad española considere razonables las alegaciones presentadas.