El pasado 24 de febrero de 2026, el Senado marcó un hito en la modernización de nuestras instituciones al publicar sus nuevas Directrices de uso de la Inteligencia Artificial (IA). Con este paso, la Cámara Alta busca ganar eficiencia y calidad en su labor legislativa y administrativa y se posiciona como el primer parlamento español en establecer un marco ético y jurídico propio para esta tecnología.
Estas normas, que afectan tanto a senadores como a todo el personal funcionario y eventual de la Cámara, nacen con el objetivo de aprovechar el potencial de la IA. La institución reconoce que, aunque estas herramientas simulan con éxito el razonamiento humano, pueden generar información incorrecta o engañosa, comprometiendo el prestigio institucional si no se supervisan adecuadamente. En consecuencia, cualquier decisión o información generada por una IA deberá ser verificada y validada por profesionales antes de su uso oficial, asegurando que la responsabilidad final recaiga siempre en una persona.
En cuanto a la confidencialidad, el Senado ha prohibido introducir información sujeta a secreto parlamentario en cualquier sistema de IA, incluso en aquellos que hayan sido autorizados por la propia Cámara. Para el resto de información sensible o protegida por propiedad intelectual, solo se podrán utilizar sistemas internos autorizados y nunca herramientas de IA públicas, salvo consulta previa con los superiores jerárquicos.
La transparencia hacia el ciudadano será otro pilar fundamental, ya que el Portal de Transparencia del Senado publicará detalles sobre los sistemas utilizados y sus finalidades. Además, se informará debidamente a cualquier ciudadano que interactúe con sistemas automatizados, como los chatbots de asistencia.
Estas directrices entrarán en vigor a finales de abril (60 días después de su publicación). Los sistemas de IA que ya funcionan actualmente en el Senado disponen de un plazo de seis meses para adaptarse por completo a estas nuevas exigencias.