Entrevista a nuestra CEO & Founder Natalia Martos Díaz en El Referente.

Comparte

«El NewLaw se caracteriza por integrar el mejor talento jurídico de la industria y convertirlo en ágil mediante el uso de la tecnología».

Legal Army se presenta el primer NewLaw español y, en consecuencia, ofrece servicios legales modernos, ágiles, y ejecutivos para clientes del siglo XXI. Natalia Martos, fundadora y responsable de la startup, lanzó la iniciativa en mayo de 2018. “Tras participar en el Programa Ejecutivo en tecnologías exponenciales de Singularity University en Silicon Valley, descubrí cómo la tecnología estaba transformando el sector de los servicios jurídicos en EEUU; entonces conocía empresas de NewLaw que han cambiado radicalmente la industria legal en el mundo anglosajón”, asegura la emprendedora.

Ahora su proyecto en España apoya a las asesorías jurídicas de empresa liberándolas de trabajo para que puedan dedicarse a tomar decisiones; Legal Army también es la asesoría jurídica externa de empresas que no quieren asumir los costes de headcount de un equipo legal especializado.

La compañía trabaja con metodologías de trabajo ágiles para ofrecer soluciones jurídicas a los negocios de empresas de todos los tamaños y, para ello, utiliza tecnología que automatiza los procesos y ayuda a los miembros de su equipo a tomar decisiones mejores y más rápidas, siempre respaldadas por informes objetivos. 

Leer más

Posts relacionados que podrían interesarte

28, septiembre 2022

La autoridad danesa de protección de datos se pronuncia en contra del uso de Google Analytics, sumándose a sus homólogas europeas

5, septiembre 2024

Telegram en el ojo del huracán

20, junio 2019

La AEPD publica una serie de recomendaciones para saber qué son las brechas de seguridad y cómo actuar en caso de que ocurran.

19, mayo 2021

Sanción por vigilar a los empleados

20, enero 2022

Sentencia del TJUE sobre el riesgo de confusión entre una marca figurativa y una marca mixta

9, septiembre 2019

Expertos en privacidad utilizan la evaluación de impacto para comprobar si sus tratamientos de datos vulneran derechos y libertades.