El pasado 16 de noviembre entró en vigor la Ley de Servicios Digitales (en adelante, “DSA”), un nuevo conjunto determinante de normas de la UE para un entorno en línea más seguro y responsable. Esta nueva normativa aplica a todo proveedor de servicios intermediarios prestados a destinatarios con lugar de establecimiento o residencia en la UE; independientemente del lugar de establecimiento o ubicación del proveedor.
A través de la DSA se regulan nuevas responsabilidades para limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos en línea, aumentar la protección de los menores y ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información. Todos los intermediarios en línea tendrán que cumplir con estas nuevas obligaciones de transparencia de amplio alcance; existiendo un régimen especial para las plataformas online de muy gran tamaño (plataformas con más de 45 millones de usuarios); las cuales tendrán que cumplir con un catálogo más extenso de obligaciones, incluyéndose la obligación de realizar evaluaciones anuales de los riesgos de perjuicio de sus servicios en relación con la exposición a productos, contenidos ilícitos o la difusión de desinformación.
Asimismo, mediante la DSA se refuerzan los derechos de los usuarios en entorno online; ya que por ejemplo, los usuarios pueden ahora impugnar las decisiones de moderación de contenidos, incluso cuando estas decisiones se basen en las condiciones aplicadas por las plataformas. En este sentido, la DSA permite que los usuarios puedan reclamar directamente a la plataforma, elegir un organismo externo de resolución de extrajudicial, o solicitar la reparación ante los organismos jurisdiccionales.
Por otro lado, las plataformas de muy gran tamaño tendrán que llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos para los derechos fundamentales, como, por ejemplo, la libertad de expresión, la protección de los datos personales y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en línea.
Tras la entrada en vigor de la DSA, las plataformas en línea disponen de tres meses para comunicar el número de usuarios finales activos (siendo la fecha límite el 17 de febrero de 2023). En base a esta comunicación, la Comisión evaluará si una plataforma debe ser designada como plataforma o motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño. Una vez tomada la decisión de designación por parte de la Comisión, la organización dispondrá de cuatro meses para cumplir las obligaciones derivadas de la DSA, incluida la realización del primer ejercicio anual de evaluación de riesgos y su comunicación a la Comisión.