La sanción impuesta a Airbnb por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se inscribe entre los pronunciamientos administrativos más significativos de los últimos años en relación con la actividad de las plataformas digitales en el mercado del alquiler turístico. La multa, que asciende a 64 millones de euros y ha adquirido firmeza en vía administrativa, se fundamenta en la difusión de anuncios de alojamientos que no cumplían las exigencias informativas establecidas por la normativa de protección de consumidores y por la regulación autonómica aplicable en materia de vivienda turística.
El expediente sancionador parte de la constatación de que una parte relevante de las ofertas publicadas carecía de datos esenciales para el consumidor, como la indicación de la licencia administrativa del alojamiento o la identificación clara de la naturaleza jurídica del oferente. Estas carencias no se valoran como meras irregularidades formales, sino como infracciones con impacto directo sobre la capacidad del usuario para evaluar la legalidad del servicio ofertado y las condiciones en las que se articula la relación contractual. En un entorno de contratación a distancia, la información precontractual adquiere un papel central como elemento de equilibrio entre las partes y como presupuesto para una decisión de consumo informada.
La resolución pone de relieve que, en sectores sometidos a autorización administrativa previa, la transparencia no constituye un requisito accesorio, sino una condición estructural del propio mercado. La publicación de ofertas sin información veraz o completa puede inducir a error sobre la naturaleza del servicio, el régimen jurídico aplicable y las garantías de las que dispone el consumidor, afectando así a principios básicos de lealtad y claridad en la publicidad comercial.
Junto a las infracciones de carácter informativo, la autoridad sancionadora valora otros elementos relevantes en la graduación de la sanción, como la falta de cooperación de la plataforma durante la fase de investigación y el incumplimiento de medidas dirigidas a evitar la persistencia del perjuicio para los usuarios. La cuantía de la multa se articula atendiendo a criterios de proporcionalidad vinculados al impacto económico de las conductas detectadas y al beneficio obtenido mediante la permanencia de los anuncios irregulares en la plataforma.
Más allá del caso concreto, el pronunciamiento contribuye a perfilar el marco de responsabilidad aplicable a los intermediarios digitales que operan en mercados regulados. Sin cuestionar el modelo de intermediación en sí mismo, la resolución confirma que la actividad de intermediación digital no neutraliza la aplicación de las normas de consumo cuando la plataforma desempeña un papel activo en la configuración y difusión de la oferta, especialmente en ámbitos sujetos a controles administrativos específicos. El caso refuerza así la exigencia de mecanismos internos de supervisión orientados a garantizar el cumplimiento normativo y delimita con mayor precisión el estándar de diligencia exigible a las plataformas en el contexto del alquiler turístico.