Después del Parlamento Europeo, el Consejo aprobó el pasado 16 de mayo la nueva Data Governance Act (DGA), traducida al español como Ley de Gobernanza de Datos.
Según la nota de prensa emitida en esta misma fecha por el Consejo Europeo, la DGA “establecerá mecanismos sólidos para facilitar la reutilización de ciertas categorías de datos protegidos del sector público, aumentar la confianza en los servicios de intermediación de datos y fomentar el altruismo de datos en toda la UE”.
El objetivo principal de la DGA es la creación de un mecanismo seguro que permita la reutilización de datos del sector público que estén vinculados a derechos de terceros. Por ejemplo, secretos comerciales o datos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Todo ello, garantizando la privacidad y la confidencialidad de la información.
Con ello, se abre la posibilidad a un nuevo modelo de negocio: los servicios de intermediación de datos. Empresas intermediarias que proporcionarán un entorno seguro para compartir datos, sin temor a que se les de un mal uso o pierdan sus ventajas competitivas. Todo ello, teniendo en cuenta que los datos personales que pudieran estar involucrados seguirán siendo protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Además de las salvaguardas previstas en este RGPD, la DGA crea una serie de mecanismos para garantizar la transferencia segura de los datos que caen en su ámbito de aplicación. En concreto, la Comisión podrá adoptar decisión de adecuación para determinados países externos a la UE que ofrezcan un nivel de protección de la información similar a la otorgada por la DGA.
Los siguientes pasos a seguir para la entrada en vigor de la DGA son su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y su entrada en vigor 20 días después. Las nuevas normas se aplicarán 15 meses después de la entrada en vigor del texto.