La actual Ley de cumplimiento de la red de Alemania, conocida como la ley NetzDG, entró en vigor en 2017, obligando a las plataformas de redes sociales a controlar el discurso de odio y a eliminar la publicación. El Bundestag ha decidido endurecer esta ley a través de una enmienda en la que se establece la obligación a estas plataformas de informar a la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), comunicando algunos datos del usuario a las autoridades incluso antes de que sean sospechosos de cometer un delito de odio.
El gobierno alemán argumenta que el discurso de odio en internet tiene un efecto escalofriante en la libertad de expresión y un impacto nocivo en la democracia al intimidar a quienes son atacados, lo que significa que no pueden expresarse libremente o participar sin temor en la sociedad. Sin embargo, esta enmienda no está ausente de polémica, ya que permitiría una recopilación de datos de los usuarios antes de que hubiera sospechas de algún tipo de delito.