El 31 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Texas anunció un acuerdo con Google por el que la compañía pagará 1.375 billones de dólares para cerrar litigios por presuntas vulneraciones de privacidad. El anuncio subraya que el pacto pone fin a reclamaciones sobre prácticas de seguimiento y recopilación de datos de usuarios texanos de manera inadecuada.
El expediente abarcaba alegaciones relativas al modo Incógnito de Chrome y a la claridad de las comunicaciones sobre el historial de ubicación en Google Maps, así como al tratamiento de identificadores biométricos —huellas de voz y geometría facial— en productos como Google Photos, Google Assistant y Nest Hub Max, sin el debido consentimiento.
El portavoz de Google, José Castañeda, afirmó que no admite responsabilidad ni ilícito alguno con este acuerdo, que califica como una vía para resolver reclamaciones antiguas.
Las primeras alegaciones se han dado en 2022, que describía escenarios en los que los usuarios podían creer que habían desactivado el rastreo de localización o que su navegación en “modo privado” no generaba datos explotables, mientras que, según el Estado, persistía algún grado de recopilación o inferencia. El fiscal general Ken Paxton presentó el resultado como un mensaje al sector tecnológico.
En octubre de este año, Reuters ya había anunciado que Google pagaría 190 millones de dólares en honorarios legales a bufetes privados que representan a Texas como parte de un acuerdo de 1375 millones de dólares con el estado sobre la privacidad de los consumidores.
En términos de tamaño, el acuerdo se sitúa entre los mayores alcanzados por un Estado en EE. UU. frente a una gran tecnológica por motivos de privacidad. Para la práctica jurídica y de cumplimiento, el mensaje es claro: revisar los flujos de datos personales para garantizar las recopilaciones adecuadas del consentimiento por finalidades, la claridad de las advertencias en modos “privados” o “incógnitos”, y la gobernanza de datos de ubicación y biométricos (minimización, retención y eliminación).