La Autoridad Italiana de Protección de Datos (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ha sancionado a una empresa (Proma) con 40.000 euros por vigilar a los empleados. La empresa manufacturera ya no podrá utilizar los datos de los empleados tratados ilegalmente a través de un sistema informático en uso en la empresa.
Proma no había informado debidamente a los trabajadores de las características del sistema que había utilizado. La Autoridad, que intervino a raíz de una denuncia de un sindicato, comprobó que el sistema, que exigía la introducción de una contraseña individual en el puesto de trabajo antes de iniciar la producción, también recogía datos desglosados y con fines distintos a los indicados en la información suministrada.
Los datos de producción podían ser rastreados hasta trabajadores identificables, mediante el uso de información adicional en poder del empresario. El hecho de que los datos de un solo empleado hayan sido utilizados para otros fines, no previstos en la información y no autorizados por la Inspección, fue confirmado en el marco de un procedimiento disciplinario, por la comprobación realizada por el director de recursos humanos sobre las «paradas» de la máquina a la que estaba asignado el empleado.
Las investigaciones realizadas por el Garante también demostraron que el sistema informático coexiste con el método anterior de organización del trabajo, basado en la cumplimentación de formularios en papel en los que se indican los nombres de los empleados en texto claro. Los formularios se almacenaban y registraban en un programa informático especial, pero sin ninguna separación, hasta el punto de que los datos que contenían se utilizaban en el procedimiento disciplinario. De este modo, la empresa contravino la información sobre el funcionamiento del sistema y la autorización emitida por la Inspección, que prohibía expresamente el uso de los datos recogidos con fines disciplinarios.
Es por ello que la Autoridad consideró ilegal el tratamiento realizado y ordenó a la empresa que modificara la información facilitada a los trabajadores, detallando todas las características del sistema, aparte de la condena de pagar la sanción de 40.000 euros.