El pasado 9 de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (“CNMC”) hizo pública su adhesión a la Propuesta de Pacto de Estado para proteger a los menores de edad en Internet y las redes sociales.
Este pacto gira en torno a tres grandes pilares:
1. “Reconocer el problema: el uso problemático de internet, redes sociales y pornografía por parte de los niños, niñas y adolescentes”.
2. “Educar en ciudadanía digital responsable y en educación afectivo sexual”.
3. “Responsabilidad de todos los agentes implicados, incluida la industria”.
Dentro de las medidas recogidas en el pacto, destaca el establecimiento de mecanismos de verificación de edad a través de sistemas no invasivos, en línea con la obligación recogida en el artículo 89 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (“LGCA”). Según esta norma, los prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma están obligados a “establecer y operar sistemas de verificación de edad para los usuarios con respecto a los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores que, en todo caso, impidan el acceso de estos a los contenidos audiovisuales más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía”.
La CNMC es el ente encargado de supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones anteriores. Por este motivo, un día después de su adhesión a la mencionada propuesta de pacto, la CNMC lanzó una consulta pública sobre los sistemas de verificación de edad que utilizan las plataformas de vídeo en España para impedir el acceso de los menores a la pornografía y la violencia.
Entre las preguntas planteadas por la CNMC se encuentran varias cuestiones relacionadas con las soluciones tecnológicas disponibles para la verificación de edad. La CNMC ha manifestado en repetidas ocasiones que la mera declaración de ser mayor de edad sin ninguna comprobación posterior no posee un nivel de seguridad adecuado para evitar el acceso de menores a contenidos nocivos. Sin embargo, la CNMC es consciente de que las soluciones tecnológicas disponibles actualmente que permitirían realizar esas comprobaciones (las cuales se basan, a grandes rasgos, en el documento de identidad, en el certificado digital o en la tarjeta bancaria del usuario) presentan deficiencias y de que, en todo caso, es necesario ponderar su fiabilidad, su coste y el derecho a la protección de datos. Por este motivo, la CNMC solicita a los interesados su opinión y les pregunta expresamente por otros posibles mecanismos de verificación de edad.
La consulta pública estará abierta para la presentación de observaciones hasta el próximo 31 de enero.