En las últimas semanas se ha intensificado la aplicación de bloqueos masivos de direcciones IP para impedir el acceso a retransmisiones no autorizadas de partidos de fútbol vía web. Aunque estas medidas buscan proteger los derechos de propiedad intelectual de las obras retransmitidas (los partidos de fútbol) de LaLiga, su ejecución está provocando efectos colaterales: caídas de servicios legítimos que comparten la misma infraestructura en proveedores como Cloudflare (intermediario de infraestructura en la nube que gestiona y protege el tráfico web a través de una red global de servidores), descensos de actividad para algunas empresas y un impacto directo en sus ingresos publicitarios.
Todo ello ha provocado el descontento de usuarios que ven interrumpido su acceso a plataformas legítimas, con el consiguiente deterioro de la experiencia y de la confianza en los servicios afectados.
La adopción de estos bloqueos masivos fue acordada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona en 2021, que otorgó a LaLiga autorización para solicitar el bloqueo inmediato de dominios de plataformas IPTV (servicios que transmiten televisión a través de Internet) y de sistemas de cardsharing piratas (técnica que permite compartir de forma ilegal el acceso a canales de televisión de pago). Esta medida fue posteriormente reforzada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona en su sentencia de 25 de julio de 2022, que introdujo la denominada “medida de bloqueo dinámica”, la cual permite a LaLiga y al operador Movistar Plus+ actualizar semanalmente las direcciones IP y dominios a bloquear, sin necesidad de nueva autorización judicial en cada ocasión.
Además, hace menos de un año, el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, en su Sentencia 310/2024, estimó el cese inmediato del acceso a las direcciones IP desde las que se distribuyen ilícitamente los contenidos de LaLiga, así como su cese a futuro hasta el final de la temporada 2024/2025. Esta resolución generó el descontento de Cloudflare y de RootedCON (Organización de eventos de ciberseguridad), que solicitaron la nulidad de actuaciones ante el mismo juzgado; sin embargo, sus peticiones fueron desestimadas.
La cuestión central gira en torno a si estas decisiones son adecuadas, necesarias y proporcionales a la finalidad que se persigue, dado que estos bloqueos no solo afectan a los derechos constitucionales mencionados anteriormente, sino que también están generando daños económicos a empresas legítimas e incluso perjuicios reputacionales, que podrían tener efectos negativos en los próximos meses.