La irrupción de la inteligencia artificial en el sector audiovisual ha provocado una crisis entre los actores de doblaje, cuyas voces están siendo clonadas y utilizadas sin consentimiento en videojuegos, audiolibros y contenidos digitales. El caso de Françoise Cadol, voz de Lara Croft en Tomb Raider, que ha demandado a la desarrolladora Aspyr por usar su voz sin permiso, ha reavivado el debate. En España, los intérpretes reclaman actualizar el Estatuto del Artista de 1985 para prohibir el uso de sus voces por algoritmos y exigir la eliminación de los datos tras la producción. El Sindicato de Artistas de Doblaje (Adoma) insiste en que las voces generadas por IA no pueden considerarse equivalentes a una interpretación humana y alerta del riesgo de precarización.
Si bien la propiedad intelectual no protege las voces de los actores de doblaje, las interpretaciones realizadas en la obra sí que son protegibles. Además, la utilización sin consentimiento de una voz, con independencia de que se interprete o no en una obra, podría vulnerar el derecho a la imagen de su propietaria. Pese a que el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA) introduce la obligación de etiquetar los contenidos generados por IA que puedan constituir una ultra suplantación, de cara a garantizar la transparencia y trazabilidad, esto no es suficiente para garantizar los derechos de los actores de doblaje. En este sentido, existen lagunas cuando la voz generada no es identificable con precisión, lo que deja espacio a interpretaciones judiciales. Por todo lo anterior, existe un consenso entre los juristas sobre la necesidad de definir legalmente qué usos constituyen una clonación o imitación ilícita.
La situación evidencia la urgencia de actualizar la normativa española e integrar la protección de la voz dentro del marco de derechos de personalidad. Pese a que el RIA ofrece una base regulatoria, resulta insuficiente para proteger la identidad vocal frente a usos no consentidos. En la práctica, las empresas que pretendan utilizar voces de terceros para entrenar sus modelos de IA deberán obtener consentimiento expreso del actor de doblaje y valorar compensaciones (“royalties”) por el uso de las mismas. Para el sector audiovisual, la IA no solo plantea retos éticos y económicos, sino también de cumplimiento normativo y responsabilidad civil por infracción de derechos de imagen.