El plan para difundir esta nueva tecnología forma parte del proyecto «Smart Policing» anunciado en 2017, que tiene como objetivo identificar y verificar la identidad de los ciudadanos cuando son detenidos por la policía. La mayoría de los costes del proyecto (75%) están siendo cubiertos por el Fondo de Seguridad Interior (ISF) de la Comisión Europea.
Actualmente, los ciudadanos que no pueden proporcionar documentos de identificación cuando son detenidos por la policía griega deben ser trasladados a la comisaría de policía más cercana para que se verifique su identidad, por lo que al permitir la identificación en tiempo real los nuevos dispositivos harán que el trabajo de la policía sea más eficiente. Los dispositivos, similares en apariencia a los teléfonos inteligentes, se conectarán a 20 bases de datos diferentes pertenecientes a autoridades internacionales y nacionales, entre las que se encuentran el Ministerio de Transporte griego, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Europol, el FBI y la Interpol.
En marzo de 2019, la organización griega sin ánimo de lucro de defensa de los derechos digitales, Homo Digitalis, presentó una consulta a la Autoridad Griega de Protección de Datos expresando su preocupación por la confirmidad del proyecto «Smart Policing» a la legislación vigente en materia de privacidad y protección de datos. Del mismo modo, podría suponer un riesgo para la seguridad de la información almacenada en las bases de datos, pues en caso de que uno de los dispositivos se viera comprometido, podría conllevar el acceso a toda la infraestructura.