Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como los cuerpos regionales utilizarán próximamente un nuevo programa de reconocimiento facial bautizado como ABIS (siglas en inglés de sistema automático de identificación biométrica). Hasta ahora, el programa sólo ha sido utilizado para pruebas piloto, pero Interior asegura que en cuanto esté listo se utilizará para investigaciones criminales, pero únicamente para delitos graves.
El algoritmo de ABIS, ha sido desarrollado por la empresa francesa Thales. El sistema coteja la imagen introducida por los agentes, extraída por ejemplo de una cámara de seguridad, con las fotografías disponibles en el sistema para buscar coincidencias (constituyendo por lo tanto un sistema de identificación y no de autenticación, uno a uno). Esta base de datos constará de unos cinco millones de reseñas faciales de detenidos y sospechosos que ya estaban fichados, según ha comunicado Interior. En ningún caso, según señalan desde Interior, las fotografías en las que se basa esta herramienta procederán de bases de datos civiles, como las imágenes faciales que se podrían extraer de los documentos de identidad (DNI).
Hemos de destacar que estos sistemas no están exentos de polémica respecto a los riesgos que conlleva su utilización. El principal riesgo es que este tipo de sistemas fallan, por lo que podrían producir efectos adversos sobre los derechos y libertades de los interesados; al existir la posibilidad de ser declarados culpables de un ilícito que no han cometido. Estos sistemas están entrenados con datos de personas de raza blanca, por lo que fallan mucho más con sujetos de color o asiáticos. Incluso hay estudios del Gobierno de Estados Unidos que prueban que esta tecnología es 100 veces más proclive a confundir individuos negros que blancos.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comunicado que se encuentra trabajando con el Ministerio del Interior, en este y otros proyectos; si bien se desconoce el alcance de la colaboración. Ha de tenerse en cuenta que el citado sistema supondrá el tratamiento de datos biométricos a gran escala, siendo uno de los supuestos exigido en la normativa vigente para la realización de una evaluación de impacto; evaluación de impacto que debería ser accesible para el conjunto de ciudadanos españoles.