El 4 de marzo de 2026, el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid ha citado como investigado al CEO de la tecnológica estadounidense Cloudflare, Matthew Prince. Se trata de un paso muy importante en la batalla legal que mantienen LaLiga y Movistar Plus+ contra la emisión ilegal de partidos de fútbol.
El origen de este procedimiento se remonta a la querella interpuesta de forma conjunta por dichas entidades ante los Juzgados de Madrid. Dicha acción penal se fundamentaba en la presunta comisión de delitos contra la propiedad intelectual, argumentando que la infraestructura técnica que proporcionaba resultaba indispensable para la explotación ilícita de contenidos protegidos. La clave de este conflicto reside en que LaLiga y Movistar Plus+ consideran que Cloudflare no es un mero intermediario técnico para aquellos dominios que piratean el futbol, más bien, es un colaborador necesario de dicho delito. Según la querella, la empresa ha ignorado de forma reiterada los requerimientos para dejar de prestar soporte técnico a dominios piratas ya identificados. Al no actuar, su tecnología de optimización y seguridad web se habría transformado, presuntamente, en una herramienta esencial para que las plataformas ilegales sigan operando y lucrándose con contenidos ajenos.
Desde el punto de vista jurídico, el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid busca determinar si Cloudflare puede seguir amparándose en la exención de responsabilidad que la ley otorga a los prestadores de servicios tecnológicos de Internet. Hasta ahora, el principio de «puerto seguro» (safe harbor) protegía a estas empresas siempre que no tuvieran conocimiento efectivo de la ilegalidad. Sin embargo, este proceso penal pone en duda esa neutralidad: si una tecnológica conoce la actividad ilícita de su cliente y decide no intervenir, podría incurrir en una responsabilidad penal directa.
La citación de Matthew Prince para el próximo mes de junio marca un precedente histórico en España. Es la primera vez que la justicia española apunta directamente a la cúpula de una multinacional de este calibre por su papel en la infraestructura de la piratería. La sentencia final de la justicia española en este caso puede ayudar a medir el alcance del nuevo Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y entender hasta dónde llega la obligación de colaboración de las entidades en la protección de los derechos de propiedad intelectuales.