A principios de semana, el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, emitió un auto por medio del cual ordenó el bloqueo inmediato de la app de mensajería Telegram en España debido a una denuncia interpuesta por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, en la que se alegaba que la empresa de mensajería instantánea alojaba de forma no autorizada contenido audiovisual sujeto a derechos de autor, en concreto contenido de fútbol, series y películas.
Ante la avalancha de críticas recibidas, el juez se vio obligado a solicitar un informe policial sobre las consecuencias y el alcance de la medida cautelar. El informe arrojó una serie de datos que, en propias palabras del juez, “constataron un hecho notorio que el instructor no puede ignorar y que es la afectación de múltiples usuarios ante una eventual suspensión”. Por ello, el juez argumentó en su auto que el contenido del informe policial planteó serias dudas acerca de la proporcionalidad de la medida.
Si bien es cierto que Telegram se usa como canal para actividades delictivas de todo tipo, Pedraz determinó que “su bloqueo temporal supondría una afectación a millones de usuarios y un claro perjuicio a aquellos que utilizan esta app de mensajería”, motivo por el que reconsideró el bloqueo de la app y emitió un auto suspendiendo definitivamente el mismo.
El reciente incidente, que no ha sido el primer conflicto judicial que ha surgido contra Telegram, vuelve a dejar en evidencia cómo la red social hace caso omiso a los requerimientos de los jueces. En este caso concreto, el juez Pedraz solicitó datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas que infringían los derechos de propiedad intelectual, pero no recibió respuesta alguna, motivo por el cual alegó que la única opción para garantizar que los contenidos audiovisuales ilegales se dejarían de difundir era bloquear la red social.
La decisión, que ha sido objeto de fuertes críticas por organismos y asociaciones de consumidores, demuestra una vez más las complejidades que surgen a la hora de regular plataformas de comunicación en línea en contextos donde la protección de los derechos de autor se enfrenta a la necesidad de garantizar la libertad de expresión y comunicación de los usuarios de dichas plataformas.