Kaspersky Lab ha comunicado el cierre gradual de sus operaciones en Estados Unidos a partir del 20 de julio como consecuencia de los planes para prohibir las ventas de sus productos en Estados Unidos anunciados por la administración Biden el mes pasado.
Kaspersky Lab es una compañía multinacional rusa líder en el desarrollo de software de seguridad, más concretamente programas antivirus, protección contra malware, seguridad para internet y soluciones de ciberseguridad tanto para usuarios domésticos como para empresas, con presencia en aproximadamente 200 países. La sede central se encuentra en Moscú, Rusia, y el holding está registrado en Reino Unido.
Gina Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, anunció el mes pasado planes para prohibir la venta de productos de Kaspersky debido a los riesgos que entrañaba para la seguridad nacional sus conexiones con el Kremlin, concretamente por supuestamente cooperar con la inteligencia militar rusa.
Las restricciones impuestas a Kaspersky van desde la prohibición de descargas de actualizaciones del software hasta las reventas y licencias del producto y entrarán en vigor el 29 de septiembre, afectando también a los resellers.
Estas restricciones impuestas se fundamentan en los amplios poderes creados por la administración Trump para prohibir o restringir las transacciones entre empresas estadounidenses y compañías tecnológicas de «naciones adversarias extranjeras» tales como Rusia o China.
Aunque todavía no han entrado en vigor las restricciones, Kaspersky ya ha decido eliminar gradualmente todas sus posiciones con sede en Estados Unidos y actualmente los consumidores estadounidenses no pueden adquirir ningún producto en su sitio web, apareciendo el mensaje “purchase is unavailable for US customers”, poniendo fin así a veinte años de presencia en el mercado estadounidense.
En junio también se impusieron sanciones a los altos directivos de Kaspersky, entre ellos el director de desarrollo empresarial, el director de operaciones, el director jurídico y el jefe de comunicaciones corporativas, alegando estos mismos motivos.
El número de clientes afectados en Estados Unidos es un dato comercial clasificado y por lo tanto no se ha hecho público, sin embargo, un funcionario del Departamento de Comercio fue citado por el medio Reuters exponiendo que era un «número significativo» e incluía gobiernos estatales y locales y empresas que suministran telecomunicaciones, energía y atención sanitaria.