A falta de publicación en el Boletín Oficial del Estado francés, la ley de influencers es ya una realidad. Por primera vez, un texto legal reconoce y regula la actividad de los influencers dedicados a la promoción en medios electrónicos, dándoles el estatus jurídico de ”personas físicas o jurídicas que, a cambios de una retribución, comunican al público por medios electrónicos contenidos destinados a promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios o que con cualquier causa ejerzan la actividad de influencia comercial por medios electrónicos”.
Algunos de los puntos más relevantes que introduce la ley son los siguientes:
-Las ”actividades de influencia” realizadas por menores de 16 años, deberán ser supervisadas por sus tutores o responsables legales y, en todo caso, serán éstos quienes asuman las responsabilidades por el contenido subido por los menores.
-Los influencers no podrán realizar actividades de influencia comercial por medios electrónicos, de forma directa o indirecta, cuando pongan en peligro la salud pública de terceros mediante la divulgación de técnicas, métodos y tratamientos estéticos, farmacológicos o quirúrgicos.
-Los influencers no podrán promocionar productos que contengan nicotina, ni tampoco tendrán el derecho a emitir prescripciones terapéuticas.
-Los influencers tendrán prohibido realizar actividades de influencia sobre productos y servicios financieros, incluidos los relacionados con activos digitales o criptomonedas. Asimismo, tendrán especial cuidado con la promoción de juegos de azar o suerte, evitando que se dirija a su público menor de edad.
-Los influencers deberán añadir la palabra “Publicidad” cuando el post o publicación se trate de una promoción comercial.
-Los influencers deberán señalar si las imágenes que suben a las plataformas han sido previamente retocadas, y en caso de que hayan sido generadas por una Inteligencia Artificial, tendrán que añadir el indicativo de “imagen virtual”.
En caso de incumplimiento de las anteriores obligaciones, la ley determina una serie de sanciones que van desde multas de hasta 300.000€; prohibiciones de llevar a cabo actividades de influencia y/o bloqueo temporal o permanente de las cuentas de las plataformas online o penas de prisión por realizar prácticas comerciales engañosas.