Esta semana ha entrado en vigor el Real Decreto 933/2021 por el que se establecen nuevas obligaciones de registro documental e información para las personas físicas o jurídicas que ejercen (de forma profesional o no profesional) actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
Las empresas, conforme a la nueva normativa, deberán registrar datos detallados de sus clientes en la plataforma ses.Hospedajes, incluyendo (entre otros): nombre, apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco y datos de la transacción. Esta información debe conservarse por los sujetos obligados durante tres años a contar desde la finalización del servicio o prestación contratada.
La normativa también obliga a aquellos operadores turísticos que prestan servicios de intermediación entre las empresas y los consumidores, así como a aquellas plataformas digitales dedicadas, a título oneroso o gratuito, a la intermediación en estas actividades siempre y cuando ofrezcan servicios en España.
El objetivo principal de esta normativa, ha indicado el ejecutivo, es la mejora de la seguridad informática. Sin embargo, ya ha sido criticada por el sector de alojamiento y las agencias de viajes debido a la carga burocrática, la pérdida de competitividad y la posible vulneración de la privacidad de los viajeros.
El Ministerio del Interior, por su parte, defiende la medida argumentando que es necesaria para enfrentar amenazas como el terrorismo y el crimen organizado y, asegura, ya ha permitido la localización de 18.584 personas sobre las que constaba alguna requisitoria policial. Asimismo, afirman, que la orden ministerial cuenta con el aval del Consejo de Estado.
La plataforma ses.Hospedajes, desarrollada por el Ministerio del Interior, ya ha registrado, según indica el Ministerio en su comunicado, 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos, acumulando un total de 4,77 millones de datos de usuarios. Las sanciones por incumplimiento de este decreto pueden llegar hasta los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.