Se trata de un conflicto que tiene su origen en una resolución por parte de la Comisión Europea y estaba motivada por la consideración de que Google estaba llevando a cabo actos de abuso de posición dominante en el mercado al obligar a los fabricantes de dispositivos móviles que querían utilizar Android a cumplir unos requisitos que pasaban por la instalación de aplicaciones propias, como Google Chrome o Google Search, como condición sine qua non.
La Comisión Europea se posicionó a favor de esta postura e impuso a Google, en 2018, una multa consistente en el pago de una sanción económica de 4.343 millones de euros. Ante esta situación, el gigante tecnológico, que no estaba de acuerdo, decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
Finalmente, la resolución del TGUE se ha publicado y hemos visto cómo el órgano jurisdiccional comunitario ha estimado parcialmente el recurso, aunque habiendo confirmado la sanción con una rebaja de 200 millones de euros (ahora, Google tendrá que pagar 4.125 millones de euros).
El TGUE afirma que el hecho de obligar a los fabricantes de Android a utilizar sus aplicaciones es, sin duda, una práctica anticompetitiva que pondría a Google en una posición dominante frente a sus competidores, ya que los usuarios utilizarían mucho más probablemente sus aplicaciones ya instaladas que otras distintas.
Ante este duro golpe para Google, todavía tiene la posibilidad de recurrir la resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si así lo decide en el plazo de dos meses.