El Tribunal Supremo ha anulado las medidas aprobadas en 2017 por el Ministerio de Fomento, que obligaban a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a comunicar todos los datos de sus servicios a un registro electrónico y les prohibía vender licencias de VTC en los dos años siguientes a su consecución.
A través de dos sentencias, el Supremo anula los dos artículos del Real Decreto por el que en 2017 se aprobaron estas medidas al aceptar los recursos presentados en su momento contra las mismas por Uber y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).