El European Data Protection Board (EDPB) ha adoptado, el último 27 de octubre, una decisión de naturaleza vinculante y urgente por la que se instaba a la autoridad de protección de datos irlandesa a imponer a Meta Ireland, en el plazo de dos semanas, la prohibición del tratamiento de datos personales para la publicidad basada en el comportamiento de sus usuarios en todo el Espacio Económico Europeo (EEE).
Esta decisión, adoptada a raíz de una petición de la autoridad de protección de datos en Noruega de julio de 2023 (que ordenaba a Meta que dejase de tratar datos de usuarios para la finalidad de enviarles publicidad dirigida), se basa en el fundamento de insuficiencia de las bases legales adoptadas (ejecución del contrato y el interés legítimo) para justificar el tratamiento de datos, al considerarlo una vulneración al RGPD.
Según Anu Talus, presidenta del EDPB, «ya en diciembre de 2022, las decisiones vinculantes de la EDPB aclararon que el contrato no es una base jurídica adecuada para el tratamiento de datos personales llevado a cabo por Meta para la publicidad basada en el comportamiento». Además, afirma en su comunicado que la Comisión Europea de Protección de Datos ha constatado que Meta no ha demostrado el cumplimiento de las órdenes impuestas a finales del año pasado. Ya es hora de que Meta ponga en conformidad su tratamiento y ponga fin al tratamiento ilegal».
En respuesta, meta anunció al mercado el pasado 30 de octubre, el mismo día que recibió la notificación de esta decisión, la propuesta de implantar una categoría de suscripción de pago para el uso de sus productos, por valor de 9,99 euros al mes, para aquellas personas que no deseen que sus datos personales sean tratados con fines de publicidad segmentada.
La empresa afirma que los usuarios que no deseen pagar por la suscripción podrán seguir utilizando las plataformas de forma gratuita siempre que acepten que sus datos sean tratados con este fin. El EDPB ha comentado que será necesario llevar a cabo una nueva evaluación sobre esta nueva estrategia propuesta para evaluar la legalidad del consentimiento colectado.