Tras la transición presidencial en Estados Unidos, surge nuevamente la cuestión de la aprobación de una norma federal en materia de privacidad. Muchos se plantean si, en aras de potenciar la protección de los consumidores y la unificación del mercado en materia de privacidad (siguiendo ejemplos como el de la Unión Europea o el de Brasil), la nueva administración culminará un largo proceso encaminado a la promulgación de un acto federal de los datos de los consumidores.
La protección de la privacidad de los ciudadanos americanos está consagrada como un derecho constitucional en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Consecuentemente el legislador americano ha regulado, en repetidas ocasiones, aspectos particulares de la protección de datos personales. Ejemplo de ello son las regulaciones Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 («HIPAA») y Children’s Online Privacy Protection Act de 1998 («COPPA»). Sin embargo, por distintas razones siempre han surgido trabas que han impedido la aprobación de una normativa general de privacidad de aplicación en todos los estados de la Federación.
A pesar de todo, la carrera hacia una norma general de privacidad se ha acelerado sustancialmente desde 2019. Esto se manifiesta en distintas propuestas como la Privacy Bill of Rights Act, la Consumer Online Privacy Rights Act o la Consumer Data Privacy Act. El hecho de que las propuestas vengan tanto del Partido Republicano como del Demócrata, dificulta la comprensión del fracaso legislativo de estos proyectos.
En el mes de septiembre el senador republicano Roger Wicker presentó una propuesta de Safe Data Act. Esta propuesta tiene un marcado carácter proteccionista de derechos que elevaría sustancialmente el nivel de la protección de los datos personales en Estados Unidos. Entre otras medidas, destacan la regulación de los derechos de los consumidores en relación con sus datos, la exigencia (salvo tasadas excepciones) de recabar el consentimiento claro y afirmativo del consumidor y el establecimiento de un sistema de supervisión de la ejecución a través de la Comisión Federal de Comercio.
A pesar de la prometedora acogida de esta normativa en el Senado, quedamos a expensas de la tolerancia de la nueva Administración a los proyectos anteriores. Sin perjuicio de futuras novedades, todo parece indicar que esta tendencia, antes o después, culminará en la redacción de una norma federal en materia de privacidad que otorgará seguridad jurídica a los operadores del mercado y una protección uniforme a los ciudadanos americanos.