El pasado 20 de enero de 2026, se inició un litigio que podría redefinir los límites legales de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral. Se trata de una demanda colectiva presentada ante el Tribunal Superior de California, en el Condado de Contra Costa, contra Eightfold AI Inc., una empresa que desarrolla herramientas basadas en IA y toma de decisiones automatizadas para facilitar la toma de decisiones laborales, como herramientas de selección de candidatos.
El argumento central de los demandantes consiste en que Eightfold AI actúa, a efectos legales, como una agencia de informes de consumo. Bajo esta premisa, la empresa estaría obligada a cumplir con la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA) a nivel federal y con la Ley de Agencias de Informes de Consumo de Investigación (ICRAA) en California. Ambas normativas, exigen transparencia y garantizan derechos de rectificación para los ciudadanos, protegiéndolos frente al uso de información inexacta en decisiones relevantes, como las relativas al empleo.
Lo distintivo de este caso es que el presunto incumplimiento no se fundamenta en la discriminación algorítmica, sino en la transparencia de los datos y la protección del consumidor. Bajo este enfoque, el conflicto jurídico surgiría de la omisión de garantías procesales básicas como la falta de recepción de notificaciones obligatorias sobre el uso de estos informes o la falta de previsión de mecanismos que permitan revisar, impugnar o corregir la información recopilada por la IA cuando pueda perjudicar su contratación.
Actualmente, el proceso se encuentra en sus etapas iniciales y su resolución, en caso de prosperar, sentaría un precedente crítico para la industria de los Recursos Humanos y el uso de herramientas de IA.