La Comisión Europea ha solicitado a la empresa Infinite Styles Services Co., Ltd., conocida comercialmente como Shein, información adicional sobre la venta de productos considerados ilegales en Francia, en particular muñecas y armas sexuales infantiles.
La solicitud se formula al amparo de la Ley de Servicios Digitales (DSA), aplicable a las “Very Large Online Platforms” (VLOPs) y “Very Large Online Search Engines” (VLOSEs). El Reglamento, en vigor desde el 2022, establece un marco armonizado de responsabilidad y diligencia debida para intermediarios, plataformas y mercados en línea, con obligaciones reforzadas para los servicios de muy gran tamaño.
En su Press Release, la Comisión Europea menciona la sospecha de que el sistema de Shein puede suponer un riesgo sistémico para los consumidores de la Unión Europea. En su requerimiento, solicita información y respectivos documentos internos que detallen cómo la plataforma garantiza que los menores no son expuestos a contenidos inadecuados para su edad —incluidos los mecanismos de verificación o garantía de edad utilizados—, bien cómo evita la circulación de productos ilegales en su plataforma, con respectivas medidas de mitigación adoptadas por la empresa.
La Comisión recuerda que, como VLOP designada desde abril de 2024, Shein está obligada a evaluar y mitigar adecuadamente los riesgos sistémicos derivados del diseño y funcionamiento de sus servicios, incluidas la venta de productos ilegales y la exposición de menores, bajo supervisión directa de Bruselas.
Este se trata de la tercera solicitud de información realizada por la Comisión a Shein, la primera relacionada con los mercados online Temu y Shein sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, y la segunda sobre productos ilegales y su sistema de recomendaciones.
Conviene recordar que, en caso de infracción de la DSA, la Comisión puede imponer sanciones de hasta el 6% del volumen de negocios mundial anual del proveedor, lo que sitúa este tipo de expedientes en un nivel de riesgo regulatorio muy elevado. Para empresas establecidas fuera de la UE que prestan servicios digitales dentro del mercado interior, el caso Shein es una señal clara de que no basta con “abrir” la plataforma a usuarios europeos: es imprescindible revisar con rigor qué tipos de servicios y productos se ofrecen, cómo se controlan los contenidos y el onboarding de vendedores, y qué sistemas de verificación de edad, moderación y revisión y retirada rápida de productos considerados ilegales en Europa.