El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha anulado una sanción de 300.000 euros impuesta a Airbnb por el Gobierno balear en 2018 por publicar en su plataforma de alquiler vacacional pisos que no estaban inscritos en el registro correspondiente de la Consejería de Turismo.
La anulación de esta sanción, que será recurrida por el Ejecutivo, se debe a que, según el juez, se había producido una colisión entre una directiva comunitaria y la regulación autonómica balear y, según la primera (la Directiva 2000/31/CE), Airbnb no tenía la obligación de incluir el número de inscripción, ya que la misma es para empresas turísticas, y que “a Airbnb no se le puede imponer la obligación de efectuar una revisión exhaustiva y detallada de toda la publicidad que los anfitriones publican en la web”.