El pasado jueves, el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) confirmó la anulación de la multa de 1.060 millones de euros que impuso la Comisión Europea a Intel por abuso de posición dominante en el año 2009. Esta sanción, que fue durante una década la mayor impuesta por la UE por un caso de monopolio, se originó a raíz de una denuncia de AMD en 1999, alegando que Intel ofrecía descuentos a fabricantes como Dell, Lenovo, HP y NEC a cambio de exclusividad en la compra de microprocesadores.
El TJUE viene a confirmar una anterior sentencia del TGUE (Tribunal General de la Unión Europea) sobre esta cuestión que ya anulaba la sanción por los mismos motivos. En este sentido, la Comisión Europea no estuvo de acuerdo con la decisión del TGUE, alegando errores procesales y legales. No obstante, el TJUE ha declarado que, si bien los descuentos de fidelización pueden ser anticompetitivos, no se llegó a demostrar suficientemente que las prácticas de Intel tuvieran un efecto real de exclusión de la competencia.
Este fallo representa una importante victoria para Intel y una derrota para la Comisión Europea, que veía en este caso un precedente clave en su lucha contra los monopolios en el sector tecnológico. A pesar de ello, la Comisión impuso una nueva multa a Intel en 2023 por valor de 376 millones de euros por prácticas similares, acusando a la compañía de realizar pagos a fabricantes de ordenadores para que vendieran en exclusiva sus dispositivos con sus microprocesadores, así como retrasar o cancelar el lanzamiento de productos con procesadores de la competencia. Intel también ha recurrido esta multa y el caso se resolverá bajo la supervisión de la nueva comisaria de Competencia, Teresa Ribera, quien ha prometido una aplicación estricta de las normas.