Este martes 12 de septiembre ha comenzado en Washington el juicio que enfrenta a Alphabet (empresa dueña de Google) y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Este proceso se basa en la acusación al gigante tecnológico de realización de prácticas monopolísticas en el negocio de las búsquedas online.
El Departamento de Justicia acusa a Alphabet de ofrecer y llegar a acuerdos millonarios con las empresas proveedoras de servicios online, desarrolladores de navegadores y fabricantes de dispositivos para garantizar el uso de su motor de búsqueda como buscador predeterminado. Esto habría provocado el bloqueo a otros buscadores competidores como el de Microsoft, Bing, MetaGer, YaCy o DuckDuckGo. Según dicha denuncia, “Google paga miles de millones de dólares cada año a distribuidores, incluidos fabricantes de dispositivos populares como Apple, LG, Motorola y Samsung… para asegurar el estado predeterminado de su motor de búsqueda”.
Como resultado, indica el Departamento de Justicia en su acusación, Google se encuentra en una posición dominante del mercado representando cerca del 90% de todas las consultas de motores de búsqueda generales en los Estados Unidos y casi el 91% de las consultas a nivel internacional.
En este sentido, Google lanzó un comunicado anticipando algunos de los argumentos principales sobre los que va a justificar su defensa.
El pilar fundamental sobre el que basa su defensa es la libre elección de consumidores y fabricantes de su motor de búsqueda debido a que es el mejor del mercado en la actualidad debido a sus características técnicas. Remarcan también que los acuerdos que firman con fabricantes y proveedores de servicios no tiene carácter exclusivo y que cualquier usuario puede utilizar cualquier otro buscador alternativo con simplemente “dos clics”. Otra justificación es que Bing y Yahoo! también pagan a Apple para salir en Safari.
El Departamento de Justicia lleva 3 años investigando y construyendo la acusación, iniciándose durante el mandato del republicano Donald Trump y ha continuado durante la administración Biden.
La duración prevista del proceso es de 10 semanas y será una vez cumplido dicho plazo cuando el juez Amit P. Mehta decidirá si Google cometió o no ilegalidades manifiestas contra la ley antimonopolio.
En el caso de que el Juzgado de Columbia declare la ilegalidad de dichas prácticas, la sanciones impuestas a Google podrían ir desde una cuantiosa multa, a una limitación de la accesibilidad o incluso a la obligación a Google de dividirse en tres empresas: la del buscador, la de la publicidad online y la de Android. Para evitarlo Google ya ha contratado a tres prestigiosos bufetes de abogados y espera gastar millones de dólares en defender su posición, recurriendo en el caso de una resolución negativa para sus intereses.