Las negociaciones en torno al Reglamento de Acceso a los Datos Financieros (FiDA) han llegado a un punto decisivo y todo apunta a que las grandes tecnológicas estadounidenses como Apple, Meta, Google y Amazon quedarán fuera del nuevo ecosistema europeo de finanzas abiertas. La medida, impulsada principalmente por Alemania y respaldada por el Parlamento Europeo y la Comisión, responde a una estrategia de soberanía digital que busca limitar la capacidad de los denominados gatekeepers de reforzar posiciones dominantes en el mercado a través del acceso a datos financieros especialmente sensibles.
Todas estas decisiones forman parte de la estrategia europea de datos, lanzada por la Comisión Europea, que, según la Comunicación de la Comisión del 19 de febrero de 2020, tiene como objetivo «crear un espacio único de datos europeo, un auténtico mercado único de datos, abierto a datos de todo el mundo, donde tanto los datos personales como los no personales, incluyendo datos empresariales confidenciales, estén protegidos y las empresas tengan acceso fácil a una cantidad casi infinita de datos industriales de alta calidad, a fin de impulsar el crecimiento y crear valor, mientras se minimiza la huella de carbono y el impacto ambiental humano».
El FiDA se concibe como una extensión del marco ya instaurado por la PSD2, pero con un alcance más amplio que incluye no solo los pagos, sino también datos relativos a crédito, seguros, ahorro e inversión. Su finalidad es permitir que terceros proveedores, con el consentimiento del usuario, puedan acceder a la información que hoy se concentra en bancos y aseguradoras para crear nuevos servicios digitales. Lo que comenzó como una herramienta para fomentar innovación y competencia se ha transformado en un escenario en el que la tensión entre apertura e independencia tecnológica domina el debate.
Las instituciones financieras europeas han advertido del riesgo de que gigantes tecnológicos aprovechen sus efectos de red y capacidad de extracción de valor para interponerse entre bancos y clientes, desplazando a los actores locales y capturando la mayor parte de la rentabilidad vinculada al uso de datos. En respuesta, las Big Techs sostienen que los bancos son los gatekeepers reales y que restringir la participación de plataformas digitales reduce la competencia y limita las opciones para los consumidores, debilitando la promesa inicial del reglamento.
El trasfondo político es evidente; Alemania ha defendido que excluir a estos actores internacionales es condición necesaria para crear un ecosistema financiero digital europeo robusto y competitivo, preservando la autonomía estratégica de la UE. Esta decisión amenaza con abrir un nuevo frente de tensión con Estados Unidos. Las advertencias de Donald Trump sobre posibles represalias arancelarias en caso de normas que discriminen a empresas estadounidenses dejan claro que cualquier exclusión tendrá consecuencias más allá del ámbito regulatorio.
La decisión de excluir a las BigTech tiene también importantes implicaciones legales. Podría cuestionarse si respeta los principios de no discriminación del comercio internacional, si encaja con las normas europeas de competencia e incluso dar lugar a recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE. El resultado de este proceso, previsto para el otoño, no solo definirá el futuro del sector financiero digital en Europa, sino que también servirá como precedente internacional sobre hasta qué punto los reguladores pueden limitar la actividad de las grandes plataformas tecnológicas en sectores estratégicos.